España acelera su transición hacia la movilidad eléctrica con el lanzamiento del Plan España Auto 2030, una hoja de ruta estratégica respaldada por una inversión de 1.280 millones de euros para 2026. Esta iniciativa busca democratizar el acceso a los vehículos de cero emisiones mediante un nuevo sistema de ayudas inmediatas y el fomento de modelos asequibles.
Adiós a la burocracia: ayudas directas
La gran novedad para el comprador es el fin de la incertidumbre administrativa. El nuevo programa «Auto Plus», dotado con 400 millones de euros para 2026, sustituye el complejo sistema de gestión autonómica por un modelo centralizado en el Gobierno para ganar velocidad y homogeneidad. Lo más relevante es que la ayuda se aplicará como un descuento directo en el punto de venta, eliminando la necesidad de que el usuario adelante el dinero y espere meses para recibir el reembolso, como ocurría con los planes anteriores. El objetivo es que el incentivo se note en el bolsillo desde el momento de la compra.
Coches por debajo de 25.000 euros
Para que la electrificación sea masiva, el precio de los vehículos debe bajar. La industria ha recogido el guante y prepara el lanzamiento de una «batería» de modelos eléctricos por debajo de los 25.000 euros que llegarán al mercado a partir del próximo año. Para apoyar este esfuerzo industrial, el Ejecutivo destinará 580 millones de euros adicionales al Perte VEC en 2026, centrados en la innovación y la fabricación de baterías. La meta es clara: que las fábricas españolas lideren la producción de coches eléctricos competitivos y económicos que las familias realmente puedan permitirse.
Infraestructura y recarga: objetivo zonas sombra
El plan también ataca uno de los grandes frenos del sector: la «ansiedad por la autonomía». Aunque la red de recarga pública ha crecido un 50% hasta alcanzar los 40.000 puntos, todavía existen vacíos en el mapa. Para solucionarlo, se lanza el programa «Moves Corredores», con una partida de 300 millones de euros destinada específicamente a instalar puntos de recarga en estas «zonas sombra» donde la cobertura es inexistente. Además, se reducirán los trámites burocráticos para la instalación de nuevos cargadores, asegurando que la infraestructura crezca al mismo ritmo que las ventas de coches.
