El mundo del motor estadounidense ha vivido uno de sus momentos más decisivos en décadas. El pasado jueves, el Senado de Estados Unidos tumbó definitivamente el ambicioso plan de California que pretendía eliminar gradualmente la venta de coches de gasolina para 2035, marcando un punto de inflexión en la política medioambiental del país.
La votación, que se saldó con un ajustado 51-44, representa mucho más que una simple decisión legislativa. Supone el fin de una era en la que California ejercía una influencia desproporcionada sobre la industria automovilística nacional, actuando como laboratorio de innovación y referente para el resto del país. Durante más de medio siglo, el estado dorado había gozado de la autoridad para establecer normativas de emisiones más estrictas que las federales, una prerrogativa que ahora queda completamente anulada.
El plan californiano establecía una hoja de ruta progresiva hacia la electrificación total del parque automovilístico. Para 2026, el 35% de los coches nuevos vendidos debían ser de cero emisiones, híbridos enchufables o impulsados por hidrógeno, escalando hasta el 68% en 2030 y alcanzando el 100% en 2035. Esta iniciativa no prohibía la circulación de vehículos de combustión existentes, sino que regulaba exclusivamente las ventas de unidades nuevas.
Las implicaciones de esta votación trascienden las fronteras californianas. Once estados habían adoptado las mismas normativas, representando conjuntamente cerca del 40% del mercado automovilístico nacional. California, por sí sola, constituye aproximadamente el 11% del mercado estadounidense, otorgándole un poder considerable para moldear las tendencias de compra y obligar a los fabricantes a adaptar sus estrategias.
La industria automovilística ha recibido esta decisión con alivio. Grandes fabricantes como General Motors, Toyota, Volkswagen y Hyundai habían ejercido una intensa presión contra las normativas californianas, argumentando que los objetivos eran demasiado ambiciosos y podrían obligar a las empresas a reducir sustancialmente el número total de vehículos disponibles para inflar artificialmente la proporción de ventas eléctricas.
El gobernador de California, Gavin Newsom, ha reaccionado con dureza a la decisión, calificándola como «un robo a nuestros hijos y nietos» y anunciando que el estado presentará una demanda para mantener vigentes sus normativas. Newsom ha destacado que esta medida beneficia especialmente a China, que ya controla el 60% del mercado mundial de vehículos eléctricos, y ha advertido que sin los marcos regulatorios californianos, empresas como Tesla no habrían existido.
Para conseguir esta votación, los republicanos del Senado establecieron una nueva excepción al obstruccionismo parlamentario, permitiendo la aprobación por mayoría simple en lugar del umbral estándar de 60 votos. Esta maniobra ha sido criticada por los demócratas como un precedente peligroso que rompe tradiciones centenarias del Senado.
La resolución se dirige ahora a la Casa Blanca, donde se espera que el presidente Donald Trump la firme sin dilación, cumpliendo así una de sus promesas de campaña. Trump había declarado durante su campaña que California había impuesto «las regulaciones de coches más ridículas del mundo» y prometió terminar con estos mandatos.
Los fabricantes seguirán desarrollando modelos de cero emisiones, impulsados por la presión internacional y las regulaciones en mercados como Europa y China, pero la falta de una política nacional coherente podría generar una fragmentación del mercado. Pero es que además, a esto se suma la incertidumbre ya de por sí generada por la relocalización de la producción a la que se van a ver sometida los fabricantes para eludir los aranceles. Así que el escenario en Estados Unidos no puede ser más oscuro en estos momentos para la industria automovilistica.
