Las autoridades brasileñas cierran una fábrica dedicada a producir réplicas de Ferrari y Lamborghini

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Con relativa frecuencia, solemos asistir a noticias tanto a nivel nacional como internacional donde las autoridades estatales intervienen para la clausura de fábricas clandestinas de réplicas de conocidos superdeportivos. En este caso, la noticia viene desde Brasil, donde la policía ha clausurado un negocio en el que trabajaban un padre y su hijo en la localidad de Santa Catarina realizando réplicas de Lamborghinis y Ferraris que más tarde vendían por internet.

La operación comenzó por una denuncia por parte de las compañías afectadas, para acto seguido, ser trasladado a las autoridades policiales de Brasil y estos proceder tras dos meses de investigación a la incautación y detención de los falsificadores, que han sido procesados por delitos contra la propiedad intelectual.

Las autoridades brasileñas cierran una fábrica dedicada a producir réplicas de Ferrari y Lamborghini

Cuando la policía de Santa Catarina irrumpió en las instalaciones, descubrieron ocho réplicas de Ferrari y Lamborghini, así como numerosas herramientas y moldes necesarios empleados en la construcción de los mismos, así como los emblemas de las marcas y otros componentes. Y tenían material para poder producir varias unidades más a las que se ven expuestas.

En las imágenes publicadas por la policía, se pueden ver al menos cuatro réplicas de Lamborghini Huracan, un Gallardo LP560-4 réplica y otro Ferrari F430 réplica. Estos iban a salir a la venta a unos precios entre los 45.000 y 60.000 euros al cambio.

Las autoridades brasileñas cierran una fábrica dedicada a producir réplicas de Ferrari y Lamborghini

Estas copias se vendían bajo pedidos -cuyos clientes conseguían a través de redes sociales- y para no levantar sospechas a nivel legal en su producción, estaban registrados como ‘prototipos’, sin embargo, cuando las empresas afectadas se dieron cuenta de que no era así fue cuando emprendieron acciones legales y por ello tanto padre como hijo se les imputan cargos por delitos contra la propiedad intelectual.

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